El jueves 1 de octubre de 2020, el juez federal del Distrito Norte de California, Jeffrey White, dictó una medida cautelar preventiva que impedía al gobierno aplicar la prohibición de visados de no inmigrante con respecto a los demandantes del caso y sus miembros.

La orden judicial, que entra en vigor inmediatamente, impide al gobierno aplicar la prohibición de visados (Proclamación 10052) contra los demandantes y sus miembros. La Proclamación 10052 suspendió la entrada de extranjeros con los visados temporales H-1B, L-1, H-2B y (la mayoría de las) J-1 hasta al menos el 31 de diciembre de 2020.

Los demandantes del caso son la Cámara de Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), la Federación Nacional de Minoristas, TechNet e Intrax, con Paul Hughes y Michael Kimberly de McDermott Will & Emery como abogados. Las asociaciones están compuestas por «cientos de miles de empresas estadounidenses de todos los tamaños y numerosos sectores económicos», señaló el juez White.

Cuando le preguntaron por qué Intrax se unió a la demanda hace meses, la presidenta de Intrax, Marcie Schneider, declaró: «El Programa de Intercambio de Visitantes mejora la seguridad nacional de EE. UU. al crear un entendimiento mutuo que nos ayuda a abordar cuestiones internacionales críticas, a la vez que fortalece la economía estadounidense. Los programas de intercambio cultural J-1 aportan cada año más de 1400 miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Uno de cada tres líderes mundiales ha participado en un programa de intercambio cultural en EE. UU. Estas restricciones exageradas frenarán de forma drástica los programas de intercambio cultural justo en el momento en que deberíamos estar aumentando las conexiones entre personas de todo el mundo».

Tras conocer la sentencia del jueves, declaró que «esta sentencia significa que nuestro personal puede seguir haciendo la importante labor que lleva a cabo para traer a participantes de intercambios culturales a nuestros programas y seguir trabajando en este campo de vital importancia».

El juez White escribió que «la delegación de autoridad del Congreso en el contexto de la inmigración no otorga al presidente una autoridad ilimitada para establecer la política nacional relativa al empleo de extranjeros no inmigrantes" en su resolución judicial de 25 páginas.

«Debe haber alguna medida de restricción de la autoridad presidencial en el ámbito nacional para no convertir al ejecutivo en un poder totalmente monárquico en el contexto de la inmigración, un ámbito que entra dentro de la clara prerrogativa legislativa».

Se espera que el gobierno publique directrices actualizadas en respuesta a la sentencia. Sin embargo, mientras tanto, la medida cautelar significa que los demandantes del caso seguirán trabajando con normalidad.